La democracia política para ser plena, debe además de integrarse a una
democracia económica y social, complementarse con un trabajo en el campo de
las ideas, los principios y los valores del cooperativismo. Para concretar tan
nobles ideales, las cooperativas, las mutualidades, las obras sociales, las entidades
defensoras de los derechos de los consumidores y usuarios, los movimientos
ecologistas, y el resto de las organizaciones no-gubernamentales, constituyen los
instrumentos adecuados de un auténtico proceso de cambio, de progreso, de
transformación de la sociedad.
El modelo neoliberal, generó un peligrosísimo fundamentalismo de mercado,
que se agravó en nuestro país por un Estado que no sólo fue resignando funciones
específicas, sino que se transformó en cómplice de los abusos de los grandes
grupos concentrados del poder económico y financiero.
Los procesos de privatizaciones de las empresas del Estado en el área de
los servicios públicos, dieron nacimiento a nuevos monopolios, en muchos casos
controlados por gobiernos de países extranjeros, que vienen actuando sin
competencia, con mercados cautivos, con altísimas tarifas, fuertes subsidios, escasas
inversiones y enormes ganancias.
En este marco, las asociaciones de defensa de los usuarios y
consumidores han ido emergiendo como las grandes protagonistas de un
nuevo fenómeno social.
Las entidades de defensa de los consumidores obligaron al Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), a dictar la Resolución 292/99, estableciendo
por primera vez, una multa extraordinaria a la empresa EDESUR, por “el apagón del
siglo”, que dejó durante 11 días sin luz a 600 mil personas.
Por su parte, las cooperativas agrícolas transparentaron los mercados, y
garantizaron canales adecuados para la comercialización de su producción,
contribuyendo a la enorme generación de riqueza del campo argentino que permitió
incluso sortear lo más difícil de la crisis financiera desatada en el año 2002.
El cooperativismo en este sector, avanzó considerablemente llegando a
conformar una amplia base que abarca los distintos segmentos de la actividad
agropecuaria.
Puertos cooperativos, criaderos de semillas híbridas agroindustriales, etc.,
constituyen uno de los puntales de la estructura agropecuaria en el marco de un
impulso económico general.
La lucha actual de las entidades de defensa de los consumidores consiste
en reducir la enorme brecha que existe entre el precio que se le paga al
productor por la materia prima y el precio que abona el consumidor en las
góndolas de los supermercados por los productos elaborados.
En estos ejemplos y muchísimos otros que serían imposibles enumerar en
detalle es necesario reconocer al cooperativismo de vivienda; las cajas de crédito; los
bancos cooperativos; las entidades de consumo como la célebre Cooperativa Obrera
de Bahía Blanca, y la histórica cooperativa El Hogar Obrero, que finalizó el proceso
concursal comenzando a construir nuevamente viviendas sociales en la Provincia de
Buenos Aires.
En las cooperativas de consumo se pueden promover campañas de productos
ecológicos que establecen relaciones de compras directas con los productores de su
entorno, desarrollando prácticas de consumo responsable con impacto ambiental
positivo. Los productos además llegan a los consumidores al precio justo.
Un capítulo especial merecerían las cooperativas farmacéuticas, destacándose
el laboratorio FECOFAR, y la incorporación de sistemas semiautomáticos en los
procesos de expendio de productos a las farmacias asociadas, beneficiando a los
consumidores que pueden adquirir los medicamentos a menor precio que los
que entregan los laboratorios comerciales.
Las cooperativas de seguros que surgieron como la de Pigüé, Provincia de
Buenos Aires, para cubrir el riesgo de granizo porque las empresas comerciales se
negaban atender, y la cooperativa de seguros Río Uruguay que constituye un
ejemplo de trabajo solidario, que los usuarios reconocen y valoran.
Ante esta nueva realidad, sería importantísimo que el Congreso Nacional
acierte en el dictado de la norma legal que posibilite la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control,
conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional.
Sería importantísimo que el Congreso avance en el dictado de la ley que regule
las Audiencias Públicas, como así también, en el dictado de normas jurídicas
referidas a la constitución de los Entes Reguladores, que deben ser independientes
de las empresas y de los gobiernos de turno, para defender únicamente a los usuarios
de la acción avasallante que llevan a cabo los monopolios legales o naturales.
Los marcos regulatorios de las empresas privatizadas que fueron
aprobados por decretos, deben ser necesariamente reelaboradas por el Congreso, y
sustituidos por la legislación respectiva que recepte los derechos de los
usuarios.
Este es el gran desafío que tenemos por delante. Esta es la nueva
MILITANCIA SOCIAL, en la lucha por la defensa de los nuevos derechos.
Hoy, más que nunca los consumidores, que como lo manifestó el Presidente
Kennedy “nos incluye a todos”, tenemos que participar mucho más intensamente
de la vida orgánica de las entidades cooperativas. Además es necesario estrechar
vínculos y realizar tareas en común, entre las cooperativas, y las entidades
defensoras de los derechos de los usuarios y consumidores, porque en definitiva
persiguen los mismos fines, practican los mismos valores, y tienen un objetivo común:
construir una sociedad mejor.
Por esas razones, hace 20 años un conjunto de mujeres y hombres fundamos
“Consumidores Libres, Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de
Acción Comunitaria”, que tiene como objeto social, la educación y la defensa de los
derechos del consumidor.
Como dato anecdótico, pero elocuente conviene señalar que Consumidores
Libres después de haber obtenido el reconocimiento en el INAES, inició el trámite
de inscripción en el Registro de Entidades de Defensa al Consumidor, que en aquella
época llevaba la Secretaría de Comercio, Agricultura e Industria de la Nación. La
directora de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, rechazó la inscripción por
tratarse de una cooperativa. En los fundamentos figuraba que las cooperativas son
entidades con fines comerciales. Tuvimos que recurrir a la justicia para que ordenara
a la Secretaría de Comercio, Agricultura e Industria la inscripción como entidad
cooperativa. La ignorancia de la funcionaria pública de entonces es preocupante,
y constituye un desafío para redoblar el esfuerzo en la educación cooperativa, el
cooperativismo escolar, y la radiodifusión cooperativa en la sociedad argentina.
Dr: Héctor Polino
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